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Expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel

 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente de la República, Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por el delito de peculado y lavado de dinero y activos.

Saca es el primer expresidente de la República en ser sentenciado por delitos de corrupción.

Está pendiente el fallo de Pablo Gómez, el exfuncionario que no se sometió al proceso abreviado

En un caso sin precedentes para El Salvador, el exmandatario fue sentenciado a cumplir dicha pena, tras haber confesado que durante su administración (2004-2009) desvió fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia a cuentas personales, pagó sobresueldos y evadió controles estatales.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que en el periodo presidencial de Saca fueron desviados $ 300 millones. La FGR ha pedido al Tribunal que Saca y Charlaix devuelvan $ 300 millones 347 mil en concepto de responsabilidad civil.

Saca, su exsecretario privado Élmer Charlaix, el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; así como los exempleados de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera; se adhirieron a un proceso abreviado en el que se declararon culpables de haber desviado fondos públicos para beneficios personales.

Pablo Gómez, exempleado de Casa Presidencial, fue el único que rechazó declararse culpable y expresó su última petición a los tres jueces. “Quiero pedirles que hagan una consideración a mi persona. Me considero inocente de las acusaciones que me hace la Fiscalía, es un error en el caso de mi persona”, dijo Gómez.

El exmandatario explicó que cuando asumió la Presidencia el 1 de junio de 2004 y firmó el reglamento para el manejo de los gastos reservados, ordenó la creación de cuentas bancarias para mover el dinero y que lo hizo como se habí­a hecho en gobiernos anteriores.

“Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Élmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaba a otras personas”, dijo en su confesión.

También admitió que entregaba $100 mil mensuales a varias empresas de publicidad que no prestaban servicios y que del total de dinero que llegaba de la Casa Presidencial pedía una devolución de 80 % de lo contratado con sus empresas y permitía que los otros se quedaran con el 20% restante.

Además de cumplir la pena de cárcel, la ley obliga a los condenados por corrupción a compensar al Estado con los bienes que adquirieron con los fondos públicos.

  Fuente: elsalvador.com      

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